ANALES DE LA U. — OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1885. 1025 
por la autoridad eclesiastica. De donde se deduce que la tinica 
manera de mantener incolume esa soberanla habria sido la de que 
la autoridad judicial se revistiese de la jurisdiccion eclesiastica i 
tomase a su cargo el gobierno de la Iglesia i el rejimen de las 
conciencias. El atropello violento de los derechos i atribucioues 
privativas de la potestad espiritual era exijida, a juicio de esos 
periodistas, por la lionra nacional; de lo cual habria podido dedu- 
cirse que el dnico r6jimen honroso para la Reptiblica es el que 
practica el Czar de las Rusias, que es a la vez Cesar i Pontlfice, i 
que extiende su dominacion despotica sobre los cuerpos i las al- 
mas de sus shbditos. Esos periodistas echaban en lamentable olvi- 
do el dogma de la independencia del poder espiritual i daban por 
cierta e indiscutible la absurda doctrina que atribuye al poder 
publico una soberanla ilimitada. 
(jHabrla obrado con cordura un gobierno que, por empecina- 
miento en el camino de la violencia, se hubiese obstinado en cerrar 
la puerta a un avenimiento honroso i paclfico? ^Habria sido con- 
veuiente que, en vez de tranquilizar los animos perturbados, hu- 
biese atizado el fuego de la discordia civil con la s6rie de actos de 
violencia de que el destierro del seiior Yaldivieso no habria sido 
sino el primer paso? Si esa cuestion se hubiese suscitado entre dos 
naeiones independientes, torpe i culpable habria sido aquella que, 
pudiendo evitar la elusion de sangre, mediante un avenimiento 
honroso, se hubiese obstinado, por una falsa honra nacional, en 
fiar a las armas la solucion del conflicto. 
El arreglo pacifico no inferla, por otra parte, humillacion algu- 
na a la autoridad civil. Es preciso advertir que la autoridad supre- 
ma de la nacion nada tenia que hacer en un asunto meramente 
judicial; por manera que, aun dado caso que su terminacion hu- 
biese sido humillante para dlguien, no lo habria sido para la so- 
beranla naciorial, que no reside solamente en I03 tribunales de 
justicia. Pero no es esto todo: el conflicto no termin6 pormanda- 
to imperativo de la autoridad eclesiastica, sino por uno de los me- 
dios establecidos por las leyes para finaiizar las querellas judi- 
ciales, a saber, el desistimiento de una de las partes. I nadie podrd 
sostener, sin incurrir en una aberracion inexplicable, que el de- 
sistimiento de una de las partes querellantes inhere agravio o hu- 
millacion al Tribunal que la otorga en conformidad a las leyes 
civiles. 
Pero, demos por supuesto que el Gobierno nacional hubiera te- 
nido interes en el negocio; i esto supuesto, preguntamos: <;ea razo- 
