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MEMOP.IAS CIENTIFICAS I LITERARIAS. 
los capellanes de las iglesias i muchos puros oficios eclesiasticos. En 
la provision de prebendas, poco se cuidan de que los prelados les 
remitan los infbrmes prevenidos por las leyes. La adhesion de un 
sacerdote a su Obispo no es la mejor recomendacion para ser pro- 
visto, i ha habido veces en que el ser su conocido adversario ha 
suplido por el mbrito real para obtener canonjia; porque es de sa- 
ber que algunos creen que oonviene contrapesar] la autoridad del 
Obispo, colocando enfrente de dl un Cabildo opositor. Los hechos 
a que me refiero son aqui conocidos de todos, i de ellos son testi- 
gos los mismos sehores Meneses i Solis. 
ocSegun la lejislacion espaflola, nadie podia ser maestro de es- 
cuela sin obtener, en lo relativo a la ensenanza de la doctrina cris- 
tiana, la aprobacion del ordinario. Este tenia tambieu una buena 
parte en el nombramiento de los profesores de ciencias. Mas ahora 
entre nosotros se ha denegado al Obispo la calificacion de la ido- 
neidad de los maestros para la ensefianza relijiosa, i la interven- 
cion aun en la eleccion de los profesores de relijion. 
«Todas las trabas puestas por la lejislacion espanola a la libre 
comunicacion con la Santa Sede, solo alcanzaron, i esto en el ulti- 
mo tercio del siglo pasado, a introducir la noticia prdvia del go- 
bierno, i esto poniendo por delante la injerencia de los ordinarios 
eclesi&sticos con mil solapados pretextos. Mas nuestros gobiernos 
se ban dejado de rodeos, i han establecido pura, simple, absoluta- 
mente la necesidad de obtener su liceucia para poder ocurrir a la 
cabeza de la Iglesia catdlica, en tenninos que basta omitir este 
paso pr6vio para negar de piano el exequatur a las disposicioues 
pontiticias sin las suplicas i representaciones al Papa i los demas 
comedimientos que para el caso de negacion de exequatur dispo- 
nen las leyes. 
«Durante el gobierno colonial se embarazaba a la Iglesia la libre 
administracion de sus bienes, pero se respetaba relijiosamente la 
distribucion de las rentas eclesiasticas que habia establecido la 
ereccion respectiva de cada Obispado, amparando las leyes el de- 
recho de los participes. Hoi las rentas de la Iglesia entran en las 
tesorerias del Estado, i el Gobierno distribuye una parte de ellas 
en la proporcion que mas le place, de modo que hai participe que 
no cobra la octava parte de lo que la ereccion de la Iglesia le 
asigna, i esto no obstante que nuestra Constitucion politica garan- 
tiza. de un modo explicito los derechos de propiedad de la coinu- 
nidad, de la misma manera que los de los partieulares. 
«La Espana, con todas sus cortapisas de la libertad de la Igle- 
