AN ALES DS LA U.— GCTUBRE A DIOIBMBRE DE 1885. 1105 
en el art. 41 del mismo Codigo se declaraba que cuando las penas 
de iohabilitacion i suspension recayesen eu personas eclesiasticas 
sus efectos no se extenderian a sus cargos, auadiase inmediata- 
mente que no podrian ejercer la cura de almas eu el territorio de 
la Republica, cosa que, por la insubsanable contradiccion que en- 
volvla, mas parecia buria que una disposicion revestida de la 
seriedad de la lei. Porque, en efecto, <?de que serviria a un ecle- 
siastico la jurisdiccion recibida de manos de la Iglesia, si la auto- 
ridad civil le impidiese ejercerla? Tales artfculos estaban por tanto 
en abierta oposicion con lo que ensena el dogma catolico acerca 
del orljen i trasmision del poder espiritual, i caian bajo el anatema 
fulminado por el Tridentino (cap. 11, ses. 22) contra los que, bajo 
cualquier pretexto, se apoderen de los beneficios o jurisdiccion 
eclesiastica o impidan ejercerla. 
Concretandose al art. 261, observaba que se erijfau en delitos 
para los eclesidsticos, acciones que para los laicos no eran ni pro- 
hibidas ni penadas. I en efecto, en ninguno de los artfculos refe- 
rentes a los delitos contra la seguridad interior del Estado se 
imponfa penas a los que, por medio de discursos o exitaciones de 
paiabra, incitasen a la desobediencia de una lei o sentencia, siem- 
pre que no hubiese conato explicito de sublevacion armada. I aun 
en este caso el que incitase a la revuelta solo serfa penado, segun 
el art. 124, cuando la sublevacion llegase a consumarse. «Entre 
tanto, el art 261 dispone que para el eclesiastico basta que en 
sermon, discurso, edicto o pastoral incite a la desobediencia de 
una lei, decreto o sentencia de autoridad competente para que sea 
castigado con la pena de relegacion. De suerte que segun el Codi- 
go la libertad eclesiastica tiene un limite que no reconoce la de 
los demas ciudadanos, i la misma accion es un acto licito en el 
chileno laico i un grave delito en el one ha recibido la tonsura 
clerical: porque no debe olvidarse que ese artlculo del Codigo 
comprende a todos los eelesiasticos sin distincion de grado. El Co- 
digo no reconoce la garantla de la igualdad ante la lei que esta- 
blece el art. 12 de la Constitucion del Estado; porque impone cas- 
tigo a los eelesiasticos por los actos mismos que se reputan licitos 
en los que no lo son. Para el dicho Codigo hai en Chile una clase 
privilejiada con el triste i terrible privilejio de sufrir severos cas- 
tigos por aquello que las otras clases pueden hacer con impuni- 
dad. I si se busca el motivo de esta injusta desigualdad, no es fdcil 
descubrirlo, pues cabalmente si hai 4lguien para quien eu algunos 
casos no solo sea licito siuo obligatorio persuadir con discursos 
