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MEMORIAS CIENTIFICAS I LITER ARIAS. 
la autoridad eclesi&stica a la demolicion, o el desprestijio del Go- 
bierno ante la opinion publica movida por ellos, en caso de que 
desoyese el clamor del que llamabau dolor ptiblico. El Gobierno 
cruz6 los planes de sus adversaries evitando ambos escollos. Soli- 
cit6 del senor Valdivieso la execracion de las murallas de la Com- 
panxa i su consentimiento para ordenar la demolicion por causa 
publica, protestando que no pensaba destinar el suelo a nsos pro- 
fanos. El senor Valdivieso accedio a los deseos del Gobierno fun- 
dado en graves consideraciones. Sabia, por una parte, las buenas 
disposiciones del Presidente para con la Iglesia cuyos derechos 
respetaba; i no habria sido prudente ponerlo en peligro de obrar 
por debilidad en contra de sus sentimientos, vista la actitud re- 
sueltamente perturbadora de sus enemigos. Por otra parte, su ne- 
gativa habria traido consigo la salida del ministerio del senor don 
Miguel Maria Giiemes que, como catolico, se habria resistido a 
firmar un decreto atentatorio de los bienes de la Iglesia, con lo 
cual habria perdido esta su mejor apoyo en el Gobierno. He aqui 
algunos de los motivos que indujeron al senor Valdivieso a sacri- 
ficar lo material por salvar intereses de un orden superior, tales 
como los hallamos expuestos en una carta al senor Obispo Salas 
de 26 de Diciembre de 1863. «Ni dntes ni ahora, agregaba en es- 
ta misma carta, he creido que debia entrar en el camino de las 
concesiones liechas a la revolucion. Creo, como siempre, que debe 
evitarse el combate mientras el deber i el honor no se hallen com- 
prometidos; pero, llegando este caso, cada cual debe perecer en 
su puesto. Cada dia va quedando menos que vivir i se hace mas 
amargo ese resto de vida; hai, pues, menos que perder en el peor 
resultado de la lueha qtie pueda sobrevenir.» I como una prueba 
de que el senor Valdivieso no cedio en este punto por debilidad, 
sino porque su consentimiento, al par que era reclamado por cau- 
sas gravisimas, no hacia traicion a ningun deber ni lastimaba niu- 
gun derecho, vease la diferente disposiciou en que se hallaba res- 
pecto de la ordenanza de policia de los templos que pens6 dictar 
la Municipalidad de Santiago en esos rnismos dias. En la misma 
autedicha comunicacion decia: ccYo miro el negocio de la ordenan- 
za de la Municipalidad como ataque a los derechos propios de la 
Iglesia, i creo que ceder en un apice seria comprometer los princi- 
ples. No he tornado actitud oficialmente hostil por no oprimir al 
Gobierno, que parece estar dispuesto a no sancionar la dicha or- 
denanza; pero si se me quisiera introducir bajo cualquier pretexto 
la injerencia del poder Idico en el interior de nuestros templos, la 
