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ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
acaso da alguna señal de vida, ó basta que se presentan los fe- 
nómenos de la putrefacción, para ser sepultados. Este sistema, 
después de más de cincuenta años de uso, ni una sola vez haré- 
velado que algún individuo estuviese aparentemente muerto. 
El sistema francés, de verificar la realidad de la muerte en 
todo cadáver cuyo entierro se solicita de la autoridad municipal, 
becba por doctores en Medicina, anexos á cada cuartel de las 
grandes ciudades, y ratificada por módicos inspectores, creados 
con el mismo objeto, ba producido en Paris y en otros grandes 
centros de población, los mejores resultados, aunque nunca se ba 
llegado á poder plantear en las pequeñas localidades, ni en las 
aldeas, por falta de médicos. 
El sistema nuestro, enteramente moderno, pues que no data 
más que de las leyes de 28 y 31 de Julio de 1859, en el que la pri- 
mera creó los oficiales del Registro Civil, y la segunda iireviene 
que ninguna inhumación pueda hacerse sin la autorización del 
Juez del Estado Civil ó de la autoridad local, en el pueblo donde 
no baya aquel funcionario, y basta después de veinticuatro horas 
del fallecimiento. En estas leyes no se hace mérito ninguno del 
certificado del médico de cabecera, ó de algún otro facultativo 
que baya reconocido el cadáver; pero las oficinas de dicho Re- 
gistro acostumbran exigir el tal certificado, habituadas á hacerlo 
desde el tiempo del llamado Imperio, en que por disposición gu- 
bernativa se tomó esta medida, que fué publicada por bando. 
A la aparición del Código Civil del Distrito Federal y Terri- 
torio de la Baja California, se consignó en los artículos 135, 137 
y 140, que no se harían las inhumaciones, sino después de 24 horas 
del fallecimiento, asegurándose antes prudentemente el Juez del 
Registro Civil, de la realidad de la muerte, piuliendo, sin embar- 
go, anticiparse la inhumación por disposición de la policía. En 
el acta de fallecimiento debe hacer constar aquel la enfermedad 
que ocasionó la muerte; y si sospecha que intervino alguna causa 
violenta, dará parte á la autoridad judicial, para su averiguación. 
El medio prudente á que se refiere la ley, es precisamente ese 
certificado facultativo que se exige, y sin el cual la oficina del 
Registro Civil no expide la boleta para el entierro. 
Pero desgraciadamente se conforma con que el certificado diga 
