DENUESTROPOZC^ 
parte del gobierno federal. Así, desde 
1888 hasta 2004 se han estructurado 
cinco leyes de Aguas Nacionales y todas 
conservan dos características principales: 
fragmentos que destacan la autoridad 
del gobierno federal para otorgar permi- 
sos de aprovechamiento de agua, y la 
ausencia de apartados, párrafos, artí- 
culos o palabras sobre el derecho al agua 
de los pueblos indios en sus territorios. 
Con la Ley de Aguas Nacionales de 
1992, se perfiló una sola perspectiva 
sobre la gestión del líquido: la eco- 
nómica. Desde entonces, en las acciones 
gubernamentales sólo se considera la 
visión monetaria del recurso por encima 
de los aspectos culturales, ambientales, 
sociales, técnicos y políticos que se esta- 
blecen en los territorios socionaturales 
de las cuencas y subcuencas de nuestro 
país. 
La presente administración (2001- 
2006) ha pecado de neoliberal; en 2004 
modificó la ley de 1992 para impulsar 
de manera más decidida los principios 
internacionales acordados en los tres 
foros mundiales del agua anteriores 
(1997, Marruecos; 2000, Holanda; 2003, 
Japón). Estos principios giran en torno 
a lo siguiente: el reconocimiento del 
valor económico del agua (costos, ca- 
rácter mercantil del recurso, partici- 
pación privada en las inversiones de 
construcción/operación de infraes- 
tructura); la gestión del agua a nivel de 
cuencas hidrográficas (en México ca- 
racterizada por una imposición de la 
política de la CONAGUA a los usuarios); 
la participación social vinculada a la go- 
bernabilidad (en este sexenio la 
CONAGUA desapareció el área de pro- 
gramas rurales y participación social, 
por considerarla inútil en el proceso de 
privatización del agua). 
A lo largo de 118 años (1888-2006), 
el gobierno mexicano ha centralizado 
las decisiones en torno a este recurso 
y ha creado problemas serios en las di- 
ferentes formas de utilizarlo. A conti- 
nuación presentamos un resumen de 
tales problemas, considerando los datos 
del propio gobierno presentados en el 
Programa Nacional Hidráulico 2001- 
2006: 
O La disponibilidad de agua en el ámbito 
internacional, según el Banco Mundial y 
la Organización de las Naciones Unidas, 
se mide en "miles de metros cúbicos por 
habitante por año". La disponibilidad se 
considera alta cuando es superior a 
10,000 m3/hab/año; media cuando está 
entre 5,000 y 10,000, y baja cuando es 
inferior a 5,000. 
Promediando todo su territorio, 
México alcanza una disponibilidad de 
4,900 m3/hab/año; pero las zonas 
centro, norte y noroeste alcanzan apenas 
los 2,000 m3/hab/año (peligrosamente 
bajo), captando solamente el 32% del 
escurrimiento nacional. Con esa agua 
se mantiene a un 77% del total de la 
población del país y se produce el 86% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
nación. En la zona sureste, la disponi- 
bilidad es de 14,291 m3/hab/año; el es- 
currimiento es del 68% del total nacio- 
nal; se asienta un 23% de la población 
de México, y apenas se produce el 14% 
del PIB. 
Lo anterior muestra una contradicción 
en materia de planeación urbana, así 
como de desarrollo industrial y agrícola. 
La política gubernamental privilegió el 
desarrollo de las zonas norte y centro 
de México, donde no hay suficiente 
disponibilidad del líquido. Esta contra- 
dicción hace que la mayoría de los recur- 
sos fiscales administrados por el gobierno 
federal que se destinan al sector hidráu- 
lico nacional se inviertan en las zonas 
centro y norte del país, obstaculizando 
así el desarrollo de la zona sur, donde 
se presentan los índices más altos de 
marginación y rezagos en cuanto al 
acceso al agua. 
0 La precipitación promedio de México 
es de 772 milímetros anuales, y el 67% 
de ella ocurre de junio a septiembre. 
Mientras que en las zonas centro y norte 
la precipitación alcanza como máximo 
los 500 mm, en el sureste está por arriba 
de los 1,000 mm anuales, llegando hasta 
En las acciones gubernamentales sólo se considera la visión monetaria del recurso agua por 
encima de los aspectos culturales, ambientales, sociales, técnicos y políticos que se establecen 
en los territorios socionaturales de las cuencas y subcuencas del país. 
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