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y también lo relativo á avíos de Minas, rescates 
de Metales en piedras, ó de plata y oro, cobre, 
plomo y otras sustancias minerales, Maquilas ) 
demas cosas de esta naturaleza; pero declaro que 
la mencionada jurisdicción contenciosa solo lo lia 
de ejercer dicho llcal Tribunal General en el dis¬ 
trito de veinte y cinco leguas en contorno de la 
Capital de Méjico. 
Por Real Orden del 3 de Febrero de 1793, comunicada al 
Virey de Nueva España para el arreglo y gobierno del Real 
Tribunal de Minería, se dignó el Rey mandar, entre otras cosas, 
á consecuencia de lo acordado en el Consejo de Estado que 
presidió, que el citado Real Tribunal quedase erigido en General 
de Apelaciones, con la misma jurisdicción contenciosa para las 
segundas instancias, y extensión que la economía gubernativa 
y directiva le conceden las ordenanzas con apelación al Juez de 
Alzadas en todos los casos que correspondan según derecho; con 
advertencia, que habiendosucedido el citado Tribunal de Minería 
y Juez de Alzadas en lugar de las Audiencias, así como aquellas 
conocían porapelacion de todas las causas del distrito de lassen- 
tenciasde los Jueces de Minas, y Alcaldes mayores, deben hacerlo 
ahora el Tribunal y Juez do Alzadas en sus respectivos casos, é 
ir á Méjico todas las del territorio que comprende su Audiencia, 
y á la do Guadalujara las de Nueva Galicia y Viscaya, mante¬ 
niéndose allí al efecto el Juzgado de Alzadas conforme á las 
Ordenanzas, y continuando conociendo en segunda y tercera 
instancia, respecto á que allí no hay Tribunal de Minería, y ser 
mucha la distancia de aquellas provincias, derogando en esta 
parlo el artículo 2 del título 3°, do las mismas Ordenanzas, y 
declarado para primeras instancias, quo el Juez territorial, Juez 
de Minas, y los Intendentes donde los hubiere, deben conocer 
con los Diputados territoriales, y ejercer en lodos casos la juris¬ 
dicción contenciosa, ampliando S. M. en estepunto el artículo 4 
del tit. 3 o de las mismas Ordenanzas. 
